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El gobierno local de José Luis Sanz ha decidido retrasar hasta enero del año que viene el cobro a los vecinos de la nueva tasa de residuos urbanos que introduce, por primera vez, una penalización a los ciudadanos y empresas que más residuos arrojen y fomenta la separación de basura para el reciclaje en origen. Esta nueva tasa de residuos, impuesta en nuestro país por la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se sumará a la que se cobra actualmente en la factura del agua.

Los ayuntamientos tenían tres años para implantar esta nueva tasa de residuos urbanos que impone la ley española por trasposición de la normativa europea para hacer realidad el lema de “quien contamina, paga”. La mitad de esta tasa se destina a afrontar los costes de gestión de los residuos en cada municipio y la otra mitad al pago del llamado nuevo “impuesto al vertedero”, que penaliza con el pago de 30 euros por cada tonelada métrica arrojada al vertedero toda la basura que la ciudad no recicla ni separa.